Varias ONG denuncian
ante la ONU que los recortes de Rajoy no protegen los derechos sociales.
(Diario 20 Minutos, 06/05/2012)
- España
va a ser evaluada este lunes por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas.
- Una
veintena de ONG’s muestran en un informe que políticas como la reforma laboral
o sanitaria empeora más la situación de los colectivos más vulnerables.
- Piden
al comité que inste al Estado a no adoptar medidas regresivas y a no utilizar
la crisis "como justificación para relegar a un segundo plano estos
derechos".
- Amnistía
Internacional denuncia el recorte en la financiación de los centros de mujeres
víctimas de la violencia machista.
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| Organización de las Naciones Unidas |
Una veintena de ONG van a denunciar ante el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU que España incumple compromisos
internacionales, principalmente por las políticas adoptadas en respuesta a la
crisis económica, "que derogan garantías legales de los derechos
sociales".
España va a ser evaluada este lunes por este organismo de Naciones Unidas,
integrado por 19 expertos independientes, encargados de redactar
recomendaciones a los estados que han ratificado el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el cumplimiento de sus
compromisos.
El comité analizará el informe de rendición de cuentas remitido por el
Gobierno y otros dos por ONG, uno elaborado por Amnistía Internacional y el
otro consensuado por una coalición de 19 organizaciones, como la Asociación
Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Coordinadora
de ONG de desarrollo o el Centro por los Derechos Económicos y Sociales.
Las organizaciones de derechos humanos coinciden en denunciar que el Estado
Español no está protegiendo los derechos sociales y así lo van a exponer cuatro
representantes de la sociedad civil en la sede de este organismo en Ginebra.
Uno de ellos, Vanesa Valiño, del Observatori DESC, asegura que "el
Estado no está ni de lejos dando cumplimiento a los compromisos
internacionales, sino que más bien está profundizando el recorte en derechos
sociales para salir de la crisis".
El informe de las ONG
"Nuestro análisis es que todas las políticas que se están impulsando,
como la reforma laboral, el código de buenas prácticas de las entidades
financieras en materia de ejecuciones hipotecarias o la reforma sanitaria, lo
que hacen es empeorar más la situación de los colectivos en situación de
vulnerabilidad", ha explicado.
Las 19 ONG muestran en su informe su preocupación por "la notable
regresividad en la protección y el disfrute de los derechos económicos,
sociales y culturales" de las medidas adoptadas por la crisis, la desigual
distribución de recursos en el país que genera diferencias entre zonas
geográficas y la ausencia de medidas de protección social para las personas más
vulnerables, como mujeres, migrantes, personas con discapacidad, gitanos o
infancia.
Las medidas de austeridad fiscal "no solo se limitan a la reducción de
inversión social hasta extremos que afectan el contenido esencial de los
derechos reconocidos en el pacto internacional, sino que para ajustarse al
reducido margen presupuestario modifican y derogan garantías legales de los
derechos sociales".
Retroceso en los
derechos
Respecto a la información que deben facilitar los gobiernos, las
organizaciones lamentan que se limite básicamente a exponer los avances en la
ratificación de instrumentos internacionales relativos a estos derechos y la
incorporación en sus leyes, sin reflejar la situación actual de estos derechos.
"Es necesario que los estados no solo proporcionen información del
marco legal nacional, sino también de la traducción de estas normas en
políticas" y el impacto de las medidas, que, a su juicio, están provocando
"un retroceso acelerado en el disfrute de estos derechos".
Las ONG destacan "el creciente deterioro en las condiciones de vida de
gran parte de la población y las importantes repercusiones que tendrán en el
disfrute de los derechos humanos", la "elevada tasa de pobreza
infantil" o "el enorme porcentaje de desempleo juvenil, de casi el
50%".
Solicitan al comité que inste al Estado Español a no adoptar medidas
regresivas y a no utilizar la crisis "como justificación para relegar a un
segundo plano estos derechos".
Las organizaciones recuerdan el compromiso internacional de los estados de
evitar los desalojos forzosos y "en caso de que sea ineludible, la
obligación de los poderes públicos de garantizar un realojo adecuado",
concreta la activista y coautora del informe.
Las consecuencias de recortar en
sanidad
En el mismo sentido se pronuncia Amnistía Internacional en su informe, en
el que, además, "ve con preocupación" los recortes en la sanidad
pública, que, subraya, pueden "agravar la situación y menoscabar la
disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de la salud".
Así, recomienda al Ejecutivo que evalúe de forma "transparente"
los efectos de los recortes en el disfrute del derecho a la salud, al tiempo
que le pide que garantice que la Ley General de la Salud Pública se aplica
"plenamente" en todas las comunidades autónomas.
Respecto a la violencia machista, la organización asegura que desde que
comenzó la crisis económica y especialmente en 2011, "determinadas"
comunidades autónomas han limitado "considerablemente" la
financiación de los centros de mujer, los centros de urgencia residenciales y
los refugios.
Por ello, insta al Gobierno a que las leyes que protegen a las víctimas se
apliquen "plenamente" y que la crisis económica no menoscabe ni esa
garantía ni la disponibilidad de alojamiento seguro, rehabilitación y otros
servicios vitales.